Por Klarissa Artavia, MAIT 2025. Revista Estudiantil INSight.

En los últimos años, Costa Rica ha sido testigo de cambios significativos en su marco regulatorio financiero, con el objetivo declarado de proteger a los consumidores y garantizar la estabilidad del sistema económico. La implementación de la Ley de tasas de usura y las normativas establecidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) representaron avances considerables hacia estos fines. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones detrás de estas medidas, han surgido efectos secundarios que han impactado de manera desproporcionada a los segmentos más vulnerables de la sociedad, revelando una paradoja dolorosa en el corazón de estas reformas.

Inicialmente, las reformas financieras trajeron mejoras palpables para aquellos en la parte inferior de la escala de ingresos entre los consumidores financieramente estables, a quienes podríamos referir como los “más pobres de los más ricos”. Este grupo experimentó una reducción en las tasas de interés de las tarjetas de crédito y los créditos personales, un resultado directo de la Ley de tasas de usura. La claridad y transparencia mejoradas en las ofertas de crédito también incrementaron la confianza en el sistema financiero, estimulando así la demanda de préstamos y mejorando el acceso al crédito para este grupo en específico.

La consolidación del mercado de tarjetas de crédito, focalizada en opciones más populares y rentables, simplificó la elección para los consumidores, permitiéndoles beneficiarse de productos financieros más competitivos. Estas mejoras representan un avance hacia un sistema financiero más justo y accesible para aquellos que, aunque no estén en la cúspide económica, tienen acceso a los recursos financieros básicos.

Sin embargo, la imposición de límites a las tasas de interés y la reducción de la diversidad de productos financieros disponibles, han tenido consecuencias adversas para los más pobres de los más pobres. La reducción del plazo máximo para los créditos en cooperativas, junto con una oferta limitada de tipos de tarjetas de crédito, ha restringido severamente el acceso al crédito para aquellos con perfiles de riesgo más alto o sin historial crediticio (MEIC, 2023).

Esta tendencia hacia la consolidación puede interpretarse como una barrera adicional para los individuos en los estratos más bajos, quienes, a menudo excluidos del sistema financiero formal, se ven empujados hacia, opciones de financiamiento informal con condiciones mucho menos favorables.

La exclusión financiera de estos sectores vulnerables conlleva consecuencias significativas, no solo para los individuos afectados sino también para el desarrollo económico y social del país. Siendo así, a medida que el sistema bancario ajusta sus políticas para cumplir con las nuevas regulaciones, un número significativo de personas, especialmente aquellas tradicionalmente excluidas del sistema financiero formal, se encuentra enfrentando mayores dificultades para acceder a créditos asequibles y justos. Esta exclusión ha fomentado indirectamente un incremento en la dependencia de los créditos informales, en particular los préstamos gota a gota, que son notoriamente agresivos y explotadores.

La dependencia de servicios de préstamos informales, refleja la desesperación financiera de los más pobres y la falla del sistema para proporcionar alternativas seguras y accesibles. Estas opciones, marcadas por tasas de interés abusivas y prácticas de cobranza agresivas, no solo perpetúan un ciclo de endeudamiento y vulnerabilidad, sino que también limitan la capacidad de estos individuos para invertir en áreas vitales como la educación y el emprendimiento.

La situación de los préstamos gota a gota en Costa Rica refleja una expansión alarmante de esta práctica, extendiéndose por todo el país y ganando terreno en casi todos los barrios. Esta realidad no solo destaca una debilidad en el sistema bancario sino también una falta crítica de opciones de microcrédito accesibles para aquellos en necesidad.

Mientras en otros países los microcréditos han florecido, ofreciendo tasas de interés bajas y apoyando a emprendedores y unidades productivas básicas, en Costa Rica el acceso a estos recursos sigue siendo limitado y, en muchos casos, más costoso que el crédito tradicional.

La necesidad de explorar mayores medidas para la bancarización y el impulso de microcréditos para unidades productivas pequeñas es evidente. Una verdadera inclusión financiera en Costa Rica debe ir más allá de un ajuste a las tasas de interés y a los plazos de pago, y buscar crear un entorno en el que las personas más vulnerables puedan acceder a créditos blandos que se adecúen a sus capacidades y necesidades.

Esto implica no solo una modificación del entorno regulatorio sino también una voluntad genuina por parte de las instituciones financieras para ofrecer soluciones reales a quienes más lo necesitan.

La situación actual de los préstamos gota a gota en Costa Rica es un claro indicativo de la urgencia de esta tarea. La proliferación de estos préstamos explotadores refleja no solo un vacío en la oferta de crédito formal y accesible sino también la desesperación de aquellos que, excluidos del sistema bancario, se ven forzados a recurrir a opciones que los sumergen aún más en la vulnerabilidad y la pobreza. La reforma de la ley de tasas de usura, si bien partió de una intención positiva, debe ser complementada con políticas que promuevan efectivamente la inclusión financiera y combatan las prácticas de préstamo deshumanizantes, asegurando que el sistema financiero sea inclusivo y justo para todos los costarricenses.

Frente a esta situación, es imperativo buscar soluciones que además de proteger a los consumidores de prácticas financieras desleales velen también por una inclusión financiera efectiva. Esto implica reconsiderar las políticas y regulaciones actuales para asegurar que, mientras se combate la usura, no se excluya a los más necesitados del sistema financiero formal. El desarrollo e implementación de productos financieros adaptados a las necesidades de los más pobres, junto con la fortaleza de los programas de educación financiera, son pasos cruciales hacia una solución inclusiva.

Las instituciones financieras y el gobierno deben colaborar para crear un marco regulatorio que fomente la innovación en productos financieros inclusivos. Esto podría incluir incentivos para las instituciones que ofrezcan soluciones de crédito accesibles para los más pobres y un enfoque regulatorio que facilite el acceso al crédito para todos los segmentos de la sociedad.

Para transformar esta realidad, es crucial que las instituciones financieras y el gobierno trabajen de la mano para impulsar la innovación en productos financieros inclusivos. Esto implica no solo ofrecer microcréditos a tasas de interés razonables sino también asegurar que estos servicios estén diseñados para ser accesibles y comprensibles para todos. La bancarización de las personas tradicionalmente excluidas y el fomento de un entorno propicio para el microcrédito son pasos fundamentales hacia una verdadera inclusión financiera.

Esta tarea no es solo una cuestión de justicia financiera; es un imperativo moral y económico. Un sistema financiero que deja atrás a los más necesitados es un sistema que falla en su propósito más básico: servir como un motor de progreso y bienestar para toda la sociedad. La historia nos ha mostrado que cuando se brinda a las personas la oportunidad de salir adelante, a través de créditos blandos y accesibles, no solo se benefician ellas sino toda la comunidad.

Solo así se asegurará que los beneficios del sistema financiero alcancen a todos los ciudadanos, sin sacrificar a los más necesitados en el altar de la protección al consumidor. Garantizar el acceso equitativo al crédito para todos los costarricenses es fundamental para lograr la verdadera estabilidad financiera y el desarrollo socioeconómico.