En la era de la información y la Inteligencia Artificial, el acceso a internet se ha convertido en un indicador crucial no solo del desarrollo socioeconómico, sino también del progreso social de un país. En América Latina, la brecha digital sigue siendo un desafío significativo, con grandes disparidades entre las naciones de la región. Este análisis se basa en datos recientes que muestran la posición de varios países latinoamericanos en cuanto a usuarios de internet, explorando además las implicaciones más amplias de esta brecha para el desarrollo social.
Antes de analizar los datos específicos, es crucial entender por qué la proporción de usuarios de Internet en un país es un indicador clave del progreso social:
De acuerdo a los datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU en inglés), publicados por el Banco Mundial, Chile y Uruguay encabezan la lista en América Latina, ocupando las posiciones 35 y 36 respectivamente entre los 170 países evaluados a nivel mundial en el Índice de Progreso Social. Con tasas de usuarios de internet del 90.19% y 89.87% respectivamente, así una gran parte de la población en estos países tiene acceso a las ventajas educativas, económicas y sociales que ofrece Internet. Aunque aún están lejos de los mejores 10 del mundo que tienen porcentajes superiores al 97% de usuarios de internet.
Argentina sigue de cerca en el puesto 42, con un 88.38% de usuarios de internet; junto con un grupo de países en posiciones intermedias como República Dominicana (posición 57), Costa Rica (posición 68) y Brasil (posición 72), con tasas de usuarios de internet entre el 80% y el 85%.
Estos países están en una posición prometedora para aprovechar los beneficios sociales de Internet, pero aún enfrentan desafíos para lograr una conectividad universal. La brecha restante podría estar afectando principalmente a comunidades rurales o marginadas, limitando su acceso a oportunidades educativas y económicas en línea.
En la media tabla se encuentran países como México, que a pesar de ser una de las economías más grandes de la región, se encuentra en el puesto 86 con un 75.63% de usuarios de internet. Y Colombia, en la posición 90 con un porcentaje de 72.8% de usuarios de internet.
En el extremo inferior de la lista encontramos a países como Nicaragua, Guatemala y Honduras, con tasas de usuarios de internet por debajo del 60%. Estos países también tienen algunos de los PIB per cápita más bajos de la región, lo que subraya la relación entre el desarrollo económico y la conectividad digital.
Un caso particular es Panamá, que a pesar de tener el PIB per cápita más alto de los países listados ($33,266), ocupa el puesto 101 con solo un 67.51% de usuarios de internet. Esto podría indicar una distribución desigual de la riqueza o una falta de inversión en infraestructura digital, lo que limita los beneficios sociales del desarrollo económico.
Esta baja conectividad plantea serios desafíos para el progreso social en estos países. Una gran parte de la población podría estar quedando excluida de las oportunidades educativas, económicas y de participación social que ofrece Internet, perpetuando ciclos de pobreza y desigualdad.
La brecha digital en América Latina no solo refleja las desigualdades económicas existentes en la región, sino que también tiene el potencial de exacerbarlas. Mientras que países como Chile, Uruguay y Argentina muestran un camino hacia una sociedad más conectada y, por ende, con mayores oportunidades de progreso social, otros luchan por proporcionar acceso a internet a grandes segmentos de su población.
Para cerrar esta brecha y promover un progreso social más equitativo, será necesario un esfuerzo concertado de gobiernos, sector privado y organizaciones internacionales. Las políticas públicas deben enfocarse en:
Reducir la brecha digital en América Latina no es solo una cuestión de equidad en el acceso a la tecnología, sino una estrategia fundamental para promover el progreso social integral de la región. A medida que el mundo se vuelve cada vez más digital, garantizar un acceso equitativo a Internet y sus beneficios se convierte en un imperativo para construir sociedades más justas, educadas y prósperas en el siglo XXI.
